
Hay decisiones políticas que pueden resultar erróneas, o mejor dicho, perjudiciales para la ciudadanía, cuando esto se produce la respuesta de quien gobierna no solo debe ser tendente a resolver el problema, también tiene que llevar aparejada una respuesta política en el sentido de que quien es responsable debe asumirlo y actuar de una forma que aunque no sea lo más normal en este país, es obligación moral de afrontar la situación, y es ni más ni menos que presenta la dimisión, y repito, no es normal en este país.
Me refiero concretamente en todo lo que viene envolviendo el uso del radar móvil que se coloca en diferentes accesos a Torredembarra, y no estoy en contra de que se controle la velocidad, es conveniente que se ponga freno a los "fitipaldis" que circulan por nuestra población. Otra cuestión es lo que ha pasado durante el último año y las consecuencias que ha tenido en particulares y profesionales que deben desplazarse por esas vías.
De entrada la errónea señalización vertical de esas vías, modificada tras el escándalo. A quien se le ocurrió la feliz idea de colocar señales de prohibición de circular a más de 20 kilómetros por hora antes de entrar en una rotonda y no modificarla al salir de la misma obligando al conductor a mantener una velocidad imposible de cumplir.
En segundo lugar, la consideración de vía urbana tras pasar a ser competencia municipal, no es una obligación el señalizarlas con prohibiciones de 40 o 50 kilómetros hora, máxime si son vías sin travesías, no es lo mismo el Pº de la Sort, por ejemplo, que las vías a las que me refiero.
Otra, si en el estado de derecho la sanción producto de una denuncia de circulación es a fin y efecto de carácter educativo, a que viene que se tarde más de noventa días en informar al ciudadano de que ha cometido una infracción, el resultado es lógico, cuando te notifican la denuncia ya has acumulado varias. No seria más didáctico, el que cometida la infracción, se comunicará al infractor la denuncia, o bien se le efectuara un primer aviso.
Ahora, cuando se les ha escapado de las manos el tema, y ante la reacción de los afectados, vienen los paños calientes, con declaraciones que desde luego son difíciles de entender, en rueda de prensa de nuestro alcalde y del regidor de gobernación, solo saque en claro que se iba a paralizar el procedimiento administrativo durante tres meses, para tratar de encontrar soluciones, entre ellas el cambiar las multas y retirada de puntos por asistencia a cursos de educación vial. Y entonces se me plantean nuevas dudas.
Que pasa con aquellos que ya han pagado las multas, se les retornara el dinero y podrán hacer el curso?
Que pasa con aquellos que la denuncia ha terminado en la jurisdicción penal, aceptará el juez cambiar la sentencia por un curso?
Que pasa con aquellos que no son de Torredembarra ni conocen la existencia de la plataforma, se les notificará desde el Ayuntamiento de las soluciones alternativas?
Que pasa si dentro de tres meses no se ha encontrado ninguna solución legal y aceptada por la plataforma?
Viéndolo desde fuera, mi creencia al respecto es que el alcalde lo que pretende es que vaya pasando el tiempo, se enfríe el tema y cada vez sean menos los que reclamen.